• Se exige un nuevo modelo de reparto entre autonomías ajustado a su peso poblacional, que acabe y reconozca el déficit acumulado y establezca mecanismos de compensación

El equipo de gobierno municipal de Burriana propondrá en el Pleno de mañana jueves 4 de noviembre para su debate y aprobación, una declaración institucional por una financiación justa para la Comunitat Valenciana que establezca un nuevo modelo de reparto entre autonomías ajustado a su peso poblacional, que acabe y reconozca el déficit acumulado y establezca mecanismos de compensación.

Así, solicitará que Burriana sume su voz a la declaración institucional aprobada por unanimidad de los grupos políticos que integran la FVMP, y refrende de forma mayoritaria la petición presentada de forma conjunta por los grupos municipales del PSOE, Compromís y Partido Popular.

En la moción, se reclama una reforma inmediata del sistema de financiación y la habilitación de medidas transitorias mientras esta se tramita, para establecer un nuevo modelo con recursos suficientes y repartidos equitativamente entre todas las autonomías.

La declaración institucional invita además a asistir a las manifestaciones convocadas el 20 de noviembre por la plataforma ‘Per un finançament just’ en Alicante, Valencia y Castellón, a partir de las 18 horas, bajo el lema Un poble unit per un finançament just.

En la declaración institucional se señala que la Comunitat Valenciana sigue siendo la peor financiada. Son distintos informes los que avalan este hecho. El último de ellos, el de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), del pasado agosto, en el que se detalla que la financiación de la Comunitat es un 10% inferior a la media del conjunto de comunidades de régimen común.

Déficit anual de 1.325 millones

Según explica el texto de la declaración, de corregirse esta infrafinanciación, derivada de un sistema que sigue vigente pese a estar caducado desde 2014, la Comunitat Valenciana recibiría unos ingresos adicionales de 1.325 millones de euros anuales.

Sin embargo, evidencia que, de acuerdo a las previsiones de este año, cada habitante de la Comunitat Valenciana recibirá 215 euros menos que la media estatal y 703 menos que la autonomía mejor financiada. Esto supone un 10% y un 29% menos de recursos, respectivamente. Diferencias que, según los firmantes, “son la causa fundamental de nuestros mayores déficits presupuestarios, generados año tras año, a pesar de gastar menos que la media de las comunidades”.

Por eso, explican, ésta es una situación insólita, “nuestra renta per cápita es de 12 puntos inferior a la media y, sin embargo, somos una autonomía que, aun siendo pobre, aporta al conjunto del Estado. El resultado es, sencillamente, insoportable para la ciudadanía valenciana".

En la iniciativa se reconoce la labor desarrollada desde la plataforma ‘Per un finançament just’, que junto al esfuerzo de las organizaciones políticas, sindicales y empresariales que la integran ha supuesto que la reforma del sistema de financiación aparezca ya en la agenda del Gobierno, pero reconoce a su vez, que sigue siendo necesario seguir reivindicando, “más unidos que nunca, la necesidad de alcanzar plenamente los derechos reconocidos en nuestra Constitución”.

Demandas

Básicamente, la declaración reclama una reforma inmediata del sistema de financiación y la habilitación de medidas transitorias mientras esta se tramita, que establezca un nuevo modelo con recursos suficientes y repartidos equitativamente entre todas las autonomías, posibilitando a las valencianas y valencianos tener unos servicios públicos fundamentales dignos y ejercer nuestras competencias propias.

También exige unas inversiones ajustadas al peso poblacional, como este año, y solicitar que dichas inversiones se ejecuten realmente. Igualmente, que el reparto de las inversiones y la ejecución atienda a una programación racional que acabe con el déficit inversor en la Comunitat Valenciana, compensando en todo caso la insuficiencia inversora en los últimos años y dedicando una cantidad de recursos ajustada al peso poblacional.

Además, solicita el reconocimiento de los déficits de financiación acumulados directamente por el mal funcionamiento de los diferentes sistemas de financiación, lo que ha generado una deuda insostenible que ya ha sido reconocida. Por ello se necesita el establecimiento de mecanismos de compensación para que el nuevo modelo no nazca lastrado por la injusticia diferida de los anteriores.